Denuncia
penal contra Portillo, Reyes y Girón
Acción en el MP por caso Panamá también alcanza a hijo
del Vicepresidente
La denuncia por la apertura de cuentas bancarias y la creación de empresas en Panamá contra cuatro funcionarios de Gobierno y la utilización de los bienes del Estado por particulares llegó al ente encargado de la persecución penal en el país.
Dirigentes y diputados del Partido de Avanzada Nacional, PAN, interpusieron la denuncia en el Ministerio Público, MP, para que se investigue y pidan se promueva antejuicio contra el presidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera, y el vicepresidente, Juan Francisco Reyes López, por la apertura de cuentas bancarias en Panamá.
También, solicitaron investigar al secretario privado de la Presidencia, Julio César Girón Barillas; al presidente de la junta directiva del Instituto de Fomento Municipal, Infom, Juan Francisco Reyes Wyld, y a los particulares Juan Antonio Riley Paiz, cuñado de Portillo y César Medina Farfán amigo personal del mandatario.
Los panistas basan legalmente su denuncia de que tuvieron conocimiento de la existencia de delitos, cuando la Comisión del Congreso que investigó el caso entregó su dictamen al pleno.
La bancada del partido oficial en el Congreso bloqueo el informe de la comisión y lo trasladó a otra instancia, argumentado que habían emitido un dictamen para lo cual no estaban facultados.
Según el PAN, hay claros indicios de que los sindicados habrían utilizado fondos del erario para la apertura de varias cuentas en Panamá, así como la utilización de bienes del Estado para uso de personas particulares, tal es el caso del avión presidencial.
Esta es
la segunda denuncia sobre el hecho, y el MP ya cuenta con una denuncia de
oficio en la Fiscalía contra la Corrupción por los mismos hechos.
El expediente entregado por los panistas cuenta con aproximadamente 300 folios,
entre fotocopias de la apertura de cuentas y publicaciones de prensa.
Los delitos:
La denuncia fue interpuesta a las 11 horas de ayer en la oficina de atención permanente del MP, por el Comité Ejecutivo del PAN, encabezado por Eduardo González, Leonel López Rodas, Jorge Rosales y Alfredo Cojtí; los dos últimos fueron los firmantes de la denuncia interpuesta, junto a otros diputados y miembros del partido.
Según la denuncia, existen claros indicios de que se cometió malversación de fondos, peculado, abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la Constitución e incumplimiento de deberes.
Los miembros
del PAN pidieron llevar a cabo la pesquisa y solicitar los antejuicios respectivos,
para investigar a los involucrados.
“Hay indicios de faltas y delitos”
Leonel López Rodas, secretario general del PAN, dijo: “Existen indicios de delitos y faltas por parte de los más altos funcionarios del Gobierno”.
“En vista de que el FRG se negó a trasladar al MP toda la información amparando la impunidad, el PAN tomó la decisión de presentar la denuncia”, indicó López Rodas.
“Los abogados del PAN han encontrado indicios de aperturas de cuentas y sospechas de que el dinero proviene de los fondos estatales”, señaló el secretario general de la agrupación política.
“El avión presidencial es propiedad del Estado de Guatemala, no de Alfonso Portillo. Se debe utilizar sólo para actos oficiales, no para trasladar a familiares o socios del presidente”, concluyó López.
Eduardo González, del Comité Ejecutivo del PAN dijo que espera que el MP investigue y cumpla con su deber.“Es una institución muy importante para la democracia y los controles de la misma, este es un caso en el que los guatemaltecos y el PAN esperan que el MP cumpla con su deber y haga lo que le corresponde, que es investigar y llegar al fondo de este asunto”, enfatizó González. Al ser preguntado sobre si se adherirían al proceso judicial, el dirigente panista dijo que por el momento presentaban la denuncia y que esperarían a ver que sucede con la misma.
Los ilícitos:
La denuncia interpuesta en el Ministerio Público se basa específicamente en los hechos siguientes:
- La apertura de cuentas bancarias en Panamá por funcionarios del Gobierno eferregista.
- La presunta utilización de bienes, recursos o servicios del Estado como medios necesarios para la apertura de dichas cuentas.
- El uso del avión presidencial como medio de transporte hacia el país canalero por personas ajenas al Ejecutivo y al Gobierno.
Los sindicados son: el presidente de la República, Alfonso Portillo; el vicepresidente, Juan Francisco Reyes López; el secretario privado de la Presidencia, Julio Girón y el presidente del Instituto de Fomento Municipal, Juan Francisco Reyes Wyld y los particulares Juan Antonio Riley Paiz -cuñado de Portillo- y César Augusto Medina Farfán -amigo de los funcionarios.
Denuncia por ANN:
ANN presentó demanda contra funcionarios involucrados
La ANN presentó una denuncia contra los funcionarios involucrados en el Caso Panamá, por peculado y malversación, entre otros ilícitos. Los diputados Alfonso Bauer y Nineth Montenegro interpusieron la denuncia en el Ministerio Público. La misma es contra el presidente Alfonso Portillo, el vicepresidente Francisco Reyes López, el secretario privado Julio Girón y el director del Infom, Francisco Reyes Wyld. Se les sindica de peculado, malversación, encubrimiento propio, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y perjurio.
Congreso: Diputados se quejan por falta de colaboración:
Los integrantes de la comisión parlamentaria que investiga la supuesta apertura de cuentas bancarias en Panamá por parte de altos funcionarios, recomendarán al pleno que el Ministerio Público, MP, se haga cargo de la investigación.
Esa recomendación
la harán los diputados Alfredo Cojtí, Efraín Oliva y
Alfonso Bauer, pues no ha sido fácil investigar la apertura de cuentas
en el país del canal.
Los sindicados son el gobernante, Alfonso Portillo; y el vicepresidente, Francisco
Reyes. A ellos se suman el secretario privado de la Presidencia, Julio Girón,
y el presidente del Instituto de Fomento Municipal, Infom, Francisco Reyes
Wyld.
No quieren colaborar:
Los miembros
de la comisión tomaron la decisión de que el pleno solicite
la intervención del MP, debido la falta de colaboración de algunos
funcionarios; entre ellos, Portillo y Reyes.
Otro de los inconvenientes ha sido la dificultad para establecer los nombres
de quienes usaron el avión presidencial para viajar a Panamá.
La aeronave asignada a Portillo fue utilizada por otros dos implicados en
el llamado Caso Panamá: César Medina Farfán y Juan Antonio
Riley Paiz, amigo y cuñado del presidente, respectivamente.
Pese a reiteradas solicitudes los diputados, sólo contaron con documentos
veraces de la Fuerza Aérea Guatemalteca, no así de la Dirección
de Migración y del Estado Mayor Presidencial.
Aunque enfatizan la falta de colaboración, Cojtí, Oliva y Bauer
esperan contar con documentos que vinculan a los funcionarios a la apertura
de cuentas en Panamá.
Diputados y PGN solicitaron al MP investigar hechos:
El informe de la comisión legislativa para establecer la vinculación de funcionarios del Ejecutivo en la creación de empresas y apertura de cuentas en Panamá tiene elementos coincidentes con el presentado por la Procuraduría General de la Nación, PGN. Entre otras cosas, los diputados y la PGN concluyeron en que hay relación entre funcionarios guatemaltecos y abogados panameños que habrían faccionado escrituras de compañías y tramitado la apertura de cuentas.
Por ejemplo, los legisladores dictaminaron que “existen suficientes elementos que permiten presumir la existencia de posibles actos ilícitos”. Mientras, la PGN resolvió que hay hechos que “al ser debidamente investigados, podrían llegar a tener características de delito”.
Tanto los parlamentarios como la PGN dejaron el desenlace del caso en manos del Ministerio Público, MP, en medio de las descalificaciones de algunos de los implicados.
Pesquisas y bloqueo:
Los señalados son el presidente, Alfonso Portillo, y su secretario privado, Julio Girón; el vicegobernante, Francisco Reyes López, y su hijo, Francisco Reyes Wyld. A ellos se suman Juan Riley y César Medina, cuñado y amigo de Portillo, en su orden.
Tanto los diputados como la PGN hicieron averiguaciones independientes en Guatemala y Panamá. En el país se encontraron con la poca colaboración de los señalados, y en Panamá, con la coraza del “secreto profesional” de abogados allegados a Portillo, Reyes y Girón.
Sin embargo, recibieron insumos del jurista panameño Sidney Sittón, quien ayudó a destapar el escándalo.
Descalificación oficial:
Desde que se conoció el caso, los funcionarios implicados han tratado de minimizarlo. Portillo aseguró que se trataba de “un montaje”; Reyes Wyld amenazó con iniciar acciones contra medios y periodistas. Reyes López descalificó el informe parlamentario. “Este es un globo sin ningún fundamento”, recalcó como presidente en funciones, debido a que Portillo está fuera del país.
En manos del MP:
Tanto la PGN como los diputados no encontraron pruebas contundentes. Sin embargo, sí hallaron indicios de hechos irregulares. Debido a ello, el 21 de marzo, la PGN solicitó al MP que “se escuche a las personas que participan en los hechos”. Hasta el momento, la Fiscalía no ha cumplido con ese requerimiento. Por su parte, el 15 de mayo, el PAN solicitó al MP iniciar la investigación sobre los hechos detectados por la comisión parlamentaria. “Malversación, peculado, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución e incumplimiento de deberes” son los hechos delictivos que los panistas solicitan establecer.
Puntos comunes:
Los expedientes elaborados por la Procuraduría General de la Nación y la comisión parlamentaria sobre el caso Panamá tienen elementos similares. Según los diputados, “en el aperturamiento y manejo de cuentas” en Panamá “se podrían haber utilizado bienes, servicios y recursos del Estado de Guatemala”. Mientras, la Procuraduría General de la Nación, PGN, estableció “indicios que perfilan la posible comisión de hechos delictivos que podrían encuadrarse en tipos penales”.
Para los legisladores, “se hace necesaria una investigación de orden judicial que permita acceder de manera ilimitada (...) a registros nacionales y extranjeros”. La PGN recomendó al Ministerio Público solicitar datos a la Superintendencia de Bancos de Panamá y a la Procuraduría General de ese país. Los parlamentarios dictaminaron la necesidad de recabar “la declaración testimonial de personas guatemaltecas y extranjeras”.
La PGN propuso al MP que “se escuche a los implicados en los hechos, a efecto de que se pronuncien sobre los montos de apertura de cuentas, si éstas existen, montos del valor de las sociedades compradas (...) y toda la información que se considere necesaria”.
Dos informes:
El caso Panamá llamó el interés nacional desde el 5 de marzo, cuando inició su divulgación. Los expertos de la Procuraduría General de la Nación fueron Luis Vásquez, Ana López Pérez y José Arturo Morales. Su informe consta de 356 hojas. Por el Congreso, investigaron Alfonso Bauer, Efraín Oliva y Alfredo Cojtí. Los legisladores presentaron un dictamen de 377 páginas.
Fijan plazo para conocer futuro de caso Panamá:
El pleno del Congreso aprobó fijar un plazo de ocho días, que se inician el 9 de agosto, para conocer sobre el futuro del informe del caso Panamá, que analiza la Comisión de Legislación. El diputado Efraín Oliva, del PAN, solicitó dar una fecha límite a la Comisión de Legislación, que debe dictaminar si el caso Panamá será enviado al Ministerio Público, MP.
El Congreso creó una comisión especial para investigar la apertura de cuentas en Panamá del presidente Alfonso Portillo; el vicepresidente, Francisco Reyes López; el secretario privado de la Presidencia, Julio Girón, y el responsable del Instituto de Fomento Municipal, Francisco Reyes Wyld. Sin embargo, los diputados Vinicio Cerezo, Emilio Saca y Rafael Barrios abandonaron la comisión, y por ello hubo duda sobre si era correcto aceptar el dictamen de los otros miembros de esa instancia de solicitar que el MP investigue el caso. Por lo anterior, se remitió el dictamen a la Comisión de Legislación para que decidiera. Sin embargo, ante la pasividad para resolver, se fijó un plazo de ocho días, que comienza el 9 de este mes.
Otto Cabrera, presidente de la Comisión de Legislación, dijo que no han entregado el dictamen, porque existía duda sobre si la fiscal contra la Corrupción, Karen Fischer, desestimó la acción penal. “Solicitamos un oficio sobre el estado actual del proceso -caso Panamá-. Si hay una desestimación del caso, no habrá materia a perseguir, y dictaminaremos que se archive”, agregó.
“Caso Panamá” : Expediente va y vienc:
El expediente presentado al pleno del Congreso por los diputados de la comisión que investigó el “Caso Panamá” podría regresar a sus manos, porque hay dudas sobre el número de legisladores que integraban esa instancia.
El 14 de mayo último, cuando el expediente fue presentado en el Congreso, éste llevaba la firma de tres diputados: Alfredo Cojtí y Efraín Oliva, del PAN, y Alfonso Bauer Paiz, de la ANN. Sin embargo, la comisión específica que fue creada dos meses antes para investigar a los funcionarios Alfonso Portillo, Francisco Reyes López, Julio Girón y Juan Francisco Reyes López, por la supuesta apertura de cuentas bancarias y empresas en Panamá, tenía seis integrantes. La duda que tiene la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a donde fue trasladado el expediente, es si el informe debe tener la rúbrica de los otros tres diputados: Vinicio Cerezo, de la DCG; Rafael Barrios, de la UNE, y Emilio Saca, independiente.
Otto Cabrera, diputado eferregista, explicó que “esos tres diputados presentaron su renuncia, “pero no sabemos si el pleno las aceptó”. Para tener las pruebas fehacientes de ello, vamos a pedir las actas que lo certificarían”, indicó.
De no haberse aceptado las renuncias, el expediente volvería a manos de la comisión que investigó el “Caso Panamá”, para añadir la firma de esos tres diputados. De haberse aceptado, el expediente pasaría al pleno.
Caso Panamá: FRG bloquea investigación:
Rechaza
pedido de diputados de trasladar al MP indicios de delitos de Portillo, los
Reyes y Girón
“Informe, no dictamen”, fue la excusa del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, para rechazar el trabajo de la comisión que investigó el caso Panamá; por ello decidió enviarlo a la comisión de Legislación. La comisión pedía que el Congreso trasladara al Ministerio Público, MP, el caso Panamá, para que éste investigue el involucramiento del presidente Alfonso Portillo; Francisco Reyes López, vicemandatario; y Julio Girón, secretario privado de la Presidencia, en la apertura de cuentas bancarias.
Pese a que el FRG permitió que fuera alterada la agenda para conocer el informe de la comisión especial, no dio su apoyo para aprobar dicho documento, y argumentó que no era lo que se había pedido en los acuerdos 16-2002 y 21-2001, que le otorgó el mandato.
Según explicó Arístides Crespo, jefe de la bancada oficial, el mandato fue para rendir informe al pleno sobre la apertura de cuentas bancarias en Panamá por algunos funcionarios, “y por eso no puede aceptarse un dictamen”. Otro argumento de los eferregistas fue que el documento no fue firmado por la mitad más uno de los integrantes de la comisión; de los seis miembros, sólo tres lo hicieron. Sin embargo, los diputados de la comisión defendieron su trabajo, y alegaron que la renuncia de los otros integrantes nunca fue aceptada por el pleno. “Además, se respaldó el trabajo, al otorgarnos viáticos durante la investigación”, dijo Alfredo Cojtí, del Partido de Avanzada Nacional, PAN.
El trabajo fue efectuado por Cojtí y Efraín Oliva, del PAN, y Alfonso Bauer, de Alianza Nueva Nación, ANN, no participaron Rafael Barrios, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Vinicio Cerezo, de la Democracia Cristiana Guatemalteca, y Emilio Saca, independiente.
Al respecto, Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso, señaló: Debe estudiarse el informe, no el dictamen”.
Pasa a otra comisión:
Por las diferencias de si es informe o dictamen, el pleno aprobó que el trabajo se envíe a la Comisión de Legislación para que emita dictamen. Los diputados de oposición protestaron que si se debe enmendar el procedimiento, es la comisión especial la indicada, no otra.
Bauer hizo un llamado al FRG: “No me extraña la actitud que toman, pero me duele como ciudadano, porque en la Comisión de Legislación ya se sabe lo que va a pasar, o sea... nada”.
Anabella de León, aconsejó a sus compañeros iniciar proceso en un tribunal, porque, según dijo, los oficialistas no respetan la Constitución.
Conclusiones:
Después de entrevistas, investigación de campo, que incluyó un viaje a Panamá, la comisión investigadora determinó que existe evidencia de que Portillo, Reyes López; Girón, y Francisco Reyes Wyld, presidente del Instituto de Fomento Municipal, abrieron cuentas bancarias.
Además, hay registros públicos en Panamá de empresas “offshore” que vinculan a César Augusto Medina Farfán, amigo de Portillo, y a Reyes Wyld, y existe fotocopia de un documento del 2 de febrero del 2001, del Crédito del Banco Internacional de Panamá, dirigida a Inversiones Segovia, S.A., que comunica la apertura de la cuenta No. 001110004676, que hace referencia a Portillo y Girón.
Asimismo, el uso del avión presidencial para viajar a Panamá en varias ocasiones, y que incluyó pasajeros como Girón, Juan Antonio Riley Paiz -cuñado de Portillo- y Medina Farfán, sin que se haya aclarado los motivos.
Ahora el PAN presentará ante el MP la petición para abrir expediente.
Principales aspectos:
La comisión que investigó el caso Panamá entrego un dictamen, donde destacan los siguientes aspectos:
FRG quiere archivar caso Panamá
Oficialistas no ven suficientes pruebas para investigar a funcionarios. Portillo prestó varias veces el avión presidencial a particulares para viajar a Panamá. Los eferregistas de la Comisión de Legislación pedirán archivar el caso Panamá por considerar que no hay suficiente pruebas para pedir una investigación al Ministerio Público, MP.
Luego de una visita a Karen Fischer, fiscal contra la Corrupción, Otto Cabrera, presidente de la Comisión de Legislación, y diputado eferregista, dijo que lo más conveniente es archivar el caso, porque el MP lo desestimará.
Según Fischer, quien investigó la apertura de cuentas en Panamá, las pruebas no son suficientes para presentar acusación contra el presidente Alfonso Portillo; el vicepresidente Francisco Reyes López; Julio Girón, secretario privado de la Presidencia, y Francisco Reyes Wyld, gerente del Instituto de Fomento Municipal. “Con lo que se tiene no puede hacerse una acusación”, dijo.
En los documentos de prueba hay informes de la Procuraduría General de la Nación y una certificación de la Superintendencia de bancos de Panamá en donde indica que Portillo no tiene cuentas bancarias en ese país. Cabrera explicó: “Si votan para que vaya al MP, sólo engrosará los expedientes de esa dependencia”.
La comisión del Congreso para investigar el caso Panamá pidió que el MP comenzara las pesquisas sobre la apertura de cuentas; sin embargo, el pleno, dominado por eferregistas, dudó porque tres integrantes habían renunciado; por ello, solicitó un dictamen a la Comisión de Legislación.
En desacuerdo:
Integrantes de oposición de la comisión legislativa consideran que no es conveniente dar por concluido el caso.
El unionista Héctor Cifuentes dijo que el pleno pidió a la comisión “dictaminar si el informe es defectuoso, por lo que no deben entrar a determinar el fondo del tema”. “Semanas atrás acordaron que el informe no tenía defecto y que por ello debe ser el pleno el que decida si lo archiva”, dijo.
Anabella
de León, diputada independiente, explicó que el Congreso
debe enviar el informe al MP, el cual determinará qué hacer.
“No puede quedarse con pruebas que presenten indicio, por no ser un
órgano jurisdiccional”, agregó.
Antejuicio: Sin resolverse denuncia contra Portillo por prestar avión
La solicitud de antejuico contra el mandatario Alfonso Portillo, por el préstamo del avión Presidencial TG-CPG a dos particulares: Juan Antonio Riley Paiz, su cuñado, y a su amigo César Medina Farfán para viajar a Panamá, aún debe resolverse. El mandatario aceptó ante periodistas que favoreció a los particulares, y explicó que no había nada malo, “porque el presidente lo autorizó”.
Después de ello, varios políticos y juristas presentaron a la Corte Suprema de Justicia una petición de antejuicio contra el presidente Portillo.
Sin embargo, hasta ahora la Comisión de Antejuicio no ha rendido ningún informe. Según ha explicado el presidente de la misma, Jorge Ríos Muñoz, preparan aún las preguntas que enviarán a funcionarios para aclarar la situación.
El director de la Fuerza Aérea, Mario René Siliézar, explicó a los diputados que investigaron el caso, que una hora de vuelo en el avión presidencial cuesta alrededor de US$1 mil
Reyes resolverá, con carta, "Caso Panamá"
El vicepresidente, Juan Francisco Reyes López, dijo que tiene en su manos una carta que pondrá fin al escándalo del caso Panamá en el que se le involucra. En breve, la mandará al Congreso.
Según Reyes López, la respuesta al escándalo -en el que se vieron involucrados funcionarios guatemaltecos, incluido él, por abrir supuestas cuentas bancarias y empresas de cartón en el país canalero- está en un documento que posee, y que enviará a la comisión del Congreso que investiga el caso.
“No les voy a dar copia, pero aquí está una nota que se enviará al Congreso, donde se derrumba todo ese globo de aire caliente que algunos medios escritos hicieron”, señaló.
El vicemandatario indicó que espera que los medios de comunicación que han publicado las informaciones tengan ahora “la hidalguía de reconocer que no había ningún fundamento”.
Pese a la insistencia de los reporteros por conocer el contenido de la carta, Reyes prefirió mantener el misterio, e insistió en que las publicaciones hechas por un medio escrito no tienen fundamento.
Dudas por despejar:
Mientras el vicemandatario aseguraba que el caso Panamá pronto se desvanecerá, la comisión legislativa que lo investiga espera hoy la visita de funcionarios de Migración y del Estado Mayor Presidencial.
Estos tendrán que dar cuenta del nombre de las personas que han viajado a Panamá en los aviones presidenciales. “Hasta la fecha, ni Aeronáutica Civil ni la Fuerza Aérea han sabido respondernos”, indicó el diputado panista Alfredo Cojtí.
Caso Panamá: Mandatario ataca a comisión:
El presidente, Alfonso Portillo, criticó ayer el trabajo que hace la comisión legislativa que investiga el caso Panamá, y señaló que sólo ante juez podría dar más información. “Sólo falta que me pregunten qué calzoncillo uso” dijo.
Durante un acto público, Portillo justificó la parquedad de las respuestas dadas a la comisión, y cuestionó el trabajo que realizan los diputados que investigan el caso Panamá quienes, asegura, se extralimitan en sus funciones. “Lo que estoy respondiendo es para lo que el Congreso le dio facultad; ellos no son jueces. Que me invite un juez, entonces yo sí le tengo que dar toda la información”, dijo Portillo.
El gobernante envió por escrito al Congreso un documento en el que respondía a más de 40 preguntas efectuadas por la comisión. Las respuestas fueron calificadas de parcas por los diputados; sin embargo, el mandatario asegura que cumplió con lo que establece la ley al responder el cuestionario, el cual nada tiene que ver con el caso Panamá, señaló.
“Al no tener información sobre la apertura de cuentas en Panamá, la comisión quiere distraer la atención en los viajes que se han efectuado en el avión presidencial”, afirma.
En opinión del gobernante, la comisión está desviando el tema, porque no tiene cómo demostrar la existencia de las cuentas millonarias de las que le acusaron. “Que me indague un juez, y yo le tengo que dar toda la información de mi vida, pero a mí no me pueden estar preguntando lo que a ellos se les antoje. Sólo falta que me pregunten qué calzoncillo uso”, externó.
Además, aseguró que se trata de una campaña contra su persona, y que se debería investigar quién levantó el caso, con qué interés y cuántos millones costó hacerlo
Reyes López descalifica a comisión Por investigación del caso Panamá, al afirmar que le falto objetividad:
El presidente en funciones, Juan Francisco Reyes López, descalificó ayer a la Comisión del Congreso que investiga el caso Panamá, al afirmar que le falto objetividad, “y que no utilizaron el debido proceso” para emitir su informe. “A puro tubo tratan de encontrar algo donde no hay nada. Este es un globo si ningún fundamento”, afirmó. Reyes López dijo también que a los miembros de la citada comisión, esto “les merma seriedad y credibilidad”, señalando que los únicos elementos que utilizaron para concluir la investigación, “fueron puras fotocopias de supuestos documentos incriminatorios”. Contra asesores La crítica de Reyes López fue hacia los asesores de la comisión de investigación y aunque no citó nombres, los calificó de violar la ley. “Estas personas asesoras tomaron el rol de acusadores, lo cual no es su función y la ley no les otorga esa facultad”, afirmó. En este tema el mandatario en funciones concluyó: “Es triste ver que les falta objetividad, porque no encontraron ninguna anomalía”.
Más
citaciones por ‘Caso Panamá’
Ahora a personeros de la Fuerza Aérea Guatemalteca
Debido
a que el director de Aeronáutica Civil no despejó las dudas
de la comisión legislativa que investiga el “Caso Panamá”
sobre el uso del avión presidencial, esta instancia ha citado a personeros
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, FAG.
El general Mario René Siliézar Girón, comandante de la FAG, será uno de los que deberán acudir al Organismo Legislativo, según explicó el panista Alfredo Cojtí, miembro de la instancia investigadora.
El tendrá
que explicar cuestiones relativas al uso del avión presidencial, que
Manuel Abundio Maldonado, director de Aeronáutica Civil, no supo responder
a la comisión legislativa el pasado martes.
Por prestar avión
La
inquietud surge porque César Medina Farfán y Antonio Riley Paiz
-prestanombres de los altos funcionarios guatemaltecos que supuestamente abrieron
cuentas bancarias y empresas en Panamá- usaron la mencionada aeronave,
tal como lo confirmó el presidente de la República, Alfonso
Portillo.
“El director de Aeronáutica dijo que sólo tienen información de días atrás, por lo que nos remitió al comandante de la Fuerza Aérea”, indicó Cojtí.
El congresista manifestó que quieren que les dé información sobre “la cantidad de vuelos y los pasajeros que han viajado en el avión”.
Otras visitas
La comisión legislativa que investiga la supuesta apertura de cuentas en Panamá por parte de altos funcionarios guatemaltecos espera la visita de otras personas.
El 15 de abril deberá llegar el canciller, Gabriel Orellana, para pedirle que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se canalice la información que la comisión requiera a Panamá.
El 18 de abril, Julio Girón, secretario privado de la Presidencia, explicará su implicación en el caso.
Está pendiente de fecha una citación para Francisco Reyes Wyld, del Infom. Al presidente y al vicepresidente de la República se les ha pedido información por escrito.
Pocas respuestas por caso Panamá:
Escasa información obtuvieron ayer de las autoridades de Aeronáutica Civil los diputados de la comisión legislativa que investiga el “caso Panamá”. Aunque Manuel Abundio Maldonado, interventor de Aeronáutica, llevó algunos documentos, no despejó las dudas de los diputados Alfredo Cojtí, Jorge Rosales, Arturo de la Cruz y Efraín Oliva, del PAN, y Alfonso Bauer, de la ANN. Según explicó Maldonado, por las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, de la cual Guatemala es signataria, todo plan de vuelo se debe guardar en archivo como máximo un mes. “Por eso no puede dar la información de quienes viajaron en el avión presidencial el año pasado”, dijo Maldonado.
La duda es porque el mandatario, Alfonso Portillo, prestó el avión presidencial a Antonio Riley Paiz y César Medina Farfán, prestanombres de altos funcionarios guatemaltecos que supuestamente abrieron cuentas bancarias y empresas en Panamá.
Además, no reveló quiénes abordan ese avión, pues no se registra, sólo el número de integrantes, identificación del piloto y destino. La información la puede proporcionar el jefe de la Fuerza Aérea, a quien la comisión citará en los próximos días. Los diputados indicaron que sin esos registros cualquiera puede salir del país por medio del avión presidencial.
Fiscal investigará:
El fiscal contra la Corrupción, Ramiro Coronado, informó que analiza ir a Panamá para buscar evidencias sobre el caso.
Del avión:
Algunas de las preguntas que los diputados hicieron a las autoridades de Aeronáutica.
¿El
avión presidencial identificado con matrícula número
TG-CPG, es militar o del Estado?
Del Estado, para el Estado.
¿Dicho avión hace vuelos militares?
Es militar, porque el presidente es el comandante general del Ejército.
¿Este avión hace vuelos militares o sólo es para uso
presidencial?
Es para uso de él (del mandatario).
¿Quiénes más utilizan el avión, además
del presidente?
Eso lo puede contestar el comandante de la Fuerza Aérea.
¿En qué momento del despegue del avión se efectúa
el control migratorio?
Previo al despegue, en el plan de vuelo.
Abadío: “Caso Panamá es un show”
Marco Tulio Abadío, Contralor de Cuentas. El Contralor General de Cuentas, Marco Tulio Abadío, calificó ayer el caso Panamá como un “show”. El funcionario, quien mantiene su postura de no investigar la posible existencia de cuentas bancarias de funcionarios guatemaltecos en Panamá, incluyendo al presidente Alfonso Portillo, dijo a noticieros radiales que cualquier persona tiene derecho a abrir una cuenta bancaria.
Abadío exigió a los medios de comunicación que han publicado este escándalo, entregarle pruebas de actos anómalos para conocer el caso. Según dijo, la Contraloría continuará con la fiscalización normal de la ejecución presupuestaria, y no se involucrará en más.
El cierre del caso Panamá:
La fiscal contra la Corrupción, licenciada Karen Fischer, decidió dar por cerrado el denominado caso Panamá, según el cual fondos estatales habrían sido depositados en cuentas en el país del canal, relacionadas con el presidente Alfonso Portillo, el vicepresidente Juan Francisco Reyes López, su hijo Juan Francisco Reyes Wyld y Julio Girón, secretario privado de la Presidencia.
En un país como Guatemala, donde las investigaciones en general no llevan a ninguna parte, una decisión como la tomada por la abogada Fischer no causa mayores niveles de asombro. Es, podría decirse, más de lo mismo, una comprobación de que es prácticamente imposible en nuestro medio que las instituciones del Estado puedan funcionar cuando se trata de llegar a la verdad en asuntos relacionados con personajes situados en la cima del poder político.
Sin embargo, llaman la atención y son preocupantes algunas de las declaraciones de la recientemente nombrada funcionaria, porque antes de ser llevada al puesto había sido vista cenando con personajes políticos de poder en el actual régimen. En vez de simplemente señalar que no hay pruebas suficientes, o contundentes, como dijo, calificó todo este asunto como un “juego político” al que no está dispuesta a caer, dio a entender que las pruebas presentadas eran falsificaciones, y se apresuró a aclarar que no actuaba debido a presiones de nadie, sino de manera profesional, además de exigir que quien tenga pruebas que las presente.
La abogada Fischer es la misma persona que hace poco tiempo rechazaba el calificativo de juego político a sus constantes luchas porque fuera investigado el asesinato de Jorge Carpio. Ahora utiliza el mismo criterio indiscriminadamente, porque al no decir de quién es ese juego, de hecho implica que todo lo relacionado con el caso es una maniobra de tipo político.
Esto debe ser rechazado en forma igualmente tajante a como ella dice no prestarse a manipulaciones. Las publicaciones de prensa respecto de este caso salieron a la luz pública porque era importante y porque estaban en juego intereses legítimos de los guatemaltecos, que merecen saber si de pronto personas encumbradas en el poder político se convierten en cuentahabientes bancarios.
Cuando aclara que no ha recibido presiones y exige pruebas, sabiendo que no existen, según ella misma lo expresa, de hecho la funcionaria se coloca en una posición si no indefendible, al menos causante de sospechas o de, al menos, lamentaciones, cuando se apresura a decir que abrir cuentas en Panamá no constituye delito alguno. Esa fue una aclaración innecesaria y casi llegó al borde de la torpeza, porque se supone que es una persona independiente y que la institución a la cual pertenece también lo es.
El más leve análisis de las declaraciones de la fiscal demuestra que se está colocando, ojalá inconscientemente, en una posición de defensa oficiosa de las personas a quienes tiene la tarea de investigar no sólo en este caso, sino en el de cualquiera otro que pueda llegar a sus manos a causa de que la corrupción es una característica demasiado común en estos tiempos. Con la decisión de la licenciada Fischer solamente se comprobaron las predicciones de muchos sectores en cuanto a que la tarea de investigación del Ministerio Público, como ha sido casi siempre, no llevará a ninguna parte.